El Gobierno español ha apostado por los cultivos transgénicos y mantiene una legislación que favorece claramente los intereses de las multinacionales y desprotege a los consumidores y agricultores.
España es el único país de la UE que cultiva maíz transgénico a gran escala. Mientras, otros países como Austria, Alemania, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia o Polonia han optado por prohibir su cultivo basándose en evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, la imposibilidad de evitar la contaminación genética de otros cultivos y sus incertidumbres sobre la salud.
