Las medidas que estarían en juego afectan a los impuestos sobre sociedades, transmisiones patrimoniales, bienes inmuebles y en general todo el régimen fiscal vigente para las cooperativas agrarias españolas, que podría considerarse ayudas de Estado contrarias a la ley comunitaria.En el supuesto de que la propuesta de la CE saliera adelante, Bruselas instaría a España a reformar su legislación sobre ese régimen y la normativa española afectada repercutiría también en otras cooperativas, como las pesqueras o de trabajo social.