Lo que la Consejería de Agricultura autonómica denominó Estrategia para la Ganadería de Canarias, para nosotros es sólo un análisis Dafo del subsector, sin dotación presupuestaria de ningún tipo ni compromiso. La legalización de todas las explotaciones sigue siendo una asignatura pendiente.
Para el titular de esta patronal, la legalización de las explotaciones es fundamental, "no sólo para darle continuidad al negocio, sino para estar con los permisos pertinentes y poder ampliar la actividad. De las 7.000 explotaciones que hay en toda Canarias, ni el 10% están legalmente registradas. Sólo en Tenerife hay 1.000 instalaciones alegales y más de 300 están ubicadas en La Laguna. La ordenación supondría un espaldarazo a la actividad ganadera".
Pedro Molina volvió a reiterar que "no vemos que este Plan fije los niveles de autoabastecimiento. Llevamos años solicitando que se fije la cantidad que el Gobierno de Canarias decida al respecto. Lo recomendado por la FAO se cifra en un 50% y, en la actualidad, en el subsector ganadero no creo que lleguemos a una media del 16%".
"Otra de las cosas que le pedimos al Ejecutivo autónomo es que se retrase la entrada en vigor de Ley de Bienestar Animal porque será materialmente imposible ejecutarla sin fondos económicos.
Según el presidente de Agate, la aplicación de la Ley de Bienestar Animal ocasionará que muchos ganaderos estén abocados a reducir su producción a la mitad y, como consecuencia directa, prescindir de parte del personal. Además, algunas granjas se pueden ver obligadas a cerrar".
Alertó de que "el mercado quedará desabastecido de huevos de granjas locales, cuya carencia se verá paliada con la entrada de productos procedentes de países extracomunitarios, con lo que, además de la pérdida de frescura, se producirá la paradoja de que a estos no se les exija cumplir con la nueva Ley. Se da la circunstancia de que los ganaderos marroquíes han comprado las jaulas que no se permiten en Canarias, por lo que estamos convencidos de que Marruecos ocupará el vacío que dejarán nuestras explotaciones".
Para el titular de esta patronal, la legalización de las explotaciones es fundamental, "no sólo para darle continuidad al negocio, sino para estar con los permisos pertinentes y poder ampliar la actividad. De las 7.000 explotaciones que hay en toda Canarias, ni el 10% están legalmente registradas. Sólo en Tenerife hay 1.000 instalaciones alegales y más de 300 están ubicadas en La Laguna. La ordenación supondría un espaldarazo a la actividad ganadera".
Pedro Molina volvió a reiterar que "no vemos que este Plan fije los niveles de autoabastecimiento. Llevamos años solicitando que se fije la cantidad que el Gobierno de Canarias decida al respecto. Lo recomendado por la FAO se cifra en un 50% y, en la actualidad, en el subsector ganadero no creo que lleguemos a una media del 16%".
"Otra de las cosas que le pedimos al Ejecutivo autónomo es que se retrase la entrada en vigor de Ley de Bienestar Animal porque será materialmente imposible ejecutarla sin fondos económicos.
Según el presidente de Agate, la aplicación de la Ley de Bienestar Animal ocasionará que muchos ganaderos estén abocados a reducir su producción a la mitad y, como consecuencia directa, prescindir de parte del personal. Además, algunas granjas se pueden ver obligadas a cerrar".
Alertó de que "el mercado quedará desabastecido de huevos de granjas locales, cuya carencia se verá paliada con la entrada de productos procedentes de países extracomunitarios, con lo que, además de la pérdida de frescura, se producirá la paradoja de que a estos no se les exija cumplir con la nueva Ley. Se da la circunstancia de que los ganaderos marroquíes han comprado las jaulas que no se permiten en Canarias, por lo que estamos convencidos de que Marruecos ocupará el vacío que dejarán nuestras explotaciones".